Por Alejandro Cabranes Rubio
La sátira, la burla despiadada, siempre es necesaria en cualquier país del mundo y en cada momento pues se corre el riesgo de que los dirigentes políticos no reflexionen sobre sus propios actos. La risa siempre debe ser entendida como una herramienta no sólo lícita, sino también vital para que cualquier democracia digna de llamarse tal pueda sobrevivir a la marea gubernamental de turno y a los comportamientos del partido principal de la oposición. El artículo 16 de la constitución ampara el derecho de una libertad ideológica que nos permite disentir de aquello que nos repugna. El artículo 20 permite que esa ideología se manifieste sin censura previa –en teoría- a través de una libertad de expresión. El artículo 23 está ideado para ir un poco más allá, facilitando la participación en los asuntos públicos a través de unas elecciones que facultan el desarrollo de unas líneas de actuación social/ económica propias frente a las propuestas ajenas.
Naturalmente tales derechos nos los disfrutamos de manera inmaculada debido a la injerencia del hombre en ellos. Resulta apremiante pues satirizar tanto una realidad política en ocasiones risible (la mar de las veces desagradable) y de paso reforzar de alguna manera el cumplimiento integro de tales derechos, empezando por hacer uso de ellos. Unas elecciones que ha dado lugar a bastantes episodios lamentables (1) merecen la representación de una buena comedia que ponga a caldo a todos los bandos (no sólo a los dos principales partidos políticos) sin piedad.
Eva Hache desde hace años ha demostrado su ingenio arremetiendo –por poner un ejemplo particularmente afortunado- contra la conducta impropia de individuos como Federico Jiménez Losantos, a quien dedicó un hermoso poema de amor en uno de sus programas. Nada que objetar a su propuesta. Ni tampoco a sus comentarios ácidos ni al (estimable) concurso de Quequé y los guiñoles en su espacio. Al contrario, se aplaude el hablar con voz propia. La presentación de su candidatura a las elecciones generales se entiende en ese sistema como una oportunidad de oír otras voces.
Por tales motivos su renuncia a una semana de las elecciones supone en ese sentido un acto coherente con el planteamiento de denuncia de su partido. ¿O tal vez no? Un proceso electoral conlleva la activación de un gasto público con el cual es posible poner en funcionamiento a una ingente cantidad de personal (telefonistas, presidentes y vocales de mesa, limpiadoras, coordinadores de colegios, representantes de la administración) como de bienes de equipo. Entre los segundos se contabilizan cosas tan elementales como las urnas, las cabinas para votas, documentación para la Junta electoral, actas de sesión y escrutinio que deben ser entregados a los correspondientes juzgados de guardia. Hay uno de ellos aún más primario, más invisible, pero tremendamente costoso: la impresión y envío de candidaturas asignadas a cada partido que se presenta, del Partido Popular al Partido Humanista por citar dos extremos.
Eva Hache retiró su candidatura cuando ese coste ya había sido pagado con el dinero de los impuestos directos de todos los ciudadanos, que posibilitaron la emisión y el almacenamiento del material para la subsiguiente circulación de papeletas por los colegios electorales todo el territorio peninsular así como en las islas baleares y canarias (2). Sin olvidarnos un añadido adicional: la retirada de esas papeletas. Por mucho que la crítica no tenga porqué tener marcos políticamente correctos donde manifestarse, cuando los bolsillos de todos han sido agujereados de semejante manera en vez de diferenciarse de esas actitudes que se pueden reprobar terminan por asemejarse a ellos. Se puede objetar sobre el bipartidismo que rige la agenda política en esta cita electoral concreta y poner a caldo las acciones de todos los que solicitan votos en ellas. Pero no a costa del derroche innecesario con el que no se contó cuando se diseñó la gracia. La irreverencia no legitima la irresponsabilidad. La negligencia no debe ser respondida con más negligencia. El sentido del humor no debe dar paso a la gravedad. Más cuando la persona que la practica además de ser un personaje público –y por tanto referencia audiovisual en la televisión- tiene la suficiente cultura –como es el caso- para medir la fuerza de sus actos en todas sus dimensiones.
Por tales motivos, sería deseable que se estableciese unas limitaciones a la presentación de candidaturas: unas fianzas simbólicas de dinero (al alcance económico de las fuerzas que deseen concurrir de tal manera que no suponga una vulneración del artículo 23) que conlleven al menos respeto no sólo al voto popular, sino también a las arcas públicas. Es decir que la sátira siga en pie, sin faltar al conjunto total de la ciudadanía sea del signo político que sea. Y así volver a legitimar la risa.
Nota
(1)Resulta injusto descargar sólo contra un partido, pero creo que Esperanza Aguirre protagonizó el más bochornoso de todos ellos, cuando en un colegio bilingüe dijo en inglés para sus alumnos una frase que inspira vergüenza ajena: “Zapatero does not know what is a a bonubus” (28/02/2008)
(2)Se cifra unos Euros el gasto acumulado en unas elecciones para que la gente pueda coger esas candidaturas e introducirlas en una sobre (Hablamos de un promedio general para cualquier partido).
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