EL AGUINALDO DEL ALBENIZ
Por Alejandro Cabranes Rubio
Jueves 20 de diciembre de 2007. Se aproximan ciertas fechas y la Plataforma del Albeniz no podía dejar de corresponder con el espíritu navideño. Eva Aladro y Beltrán Gambier –acompañados para la ocasión de la procuradora Mercedes Albi- nos han dado la paga extraordinaria. La cesta navideña en vez de incluir los tradicionales jamones de pata negra, y que reciben anualmente quintacolumnistas recompensados con prebendas a cambio de expresar opiniones concretas en determinados escritos, nos ha deparado una sorpresa: ni más ni menos que un recurso contencioso administrativo para impedir la demolición del teatro. En la ventanilla del Tribunal Superior de Justicia han depositado un suculento aguinaldo: un enésimo texto jurídico que será rechazado y que, no nos engañemos, servirá para ganar tiempo y decelerar lo inevitable.
En efecto, las acusaciones contra una personalidad pública –cuya escalada política se inició tiempo atrás y que agoraba el fin del teatro antes de que el Grupo Monteverde comprara el Albeniz-, la presidenta de la comunidad de Madrid, y los jueces que o bien retiraron la ley que protegía al local o desestimaron dos veces su condición de bien cultural –algo reservado a nuestra amiga “la vecinita”- carecían de toda fuerza probatoria. Había indicios, pruebas circunstanciales que en modo alguno demostraban la culpabilidad de los acusados. Que se sustituyese un viejo teatro por un centro comercial en pleno casco urbano madrileño no sorprendía: era una manifestación más de los tiempos. Que la ley se retirase poco tiempo antes de la operación de compra venta no indica nada. Que los planos del nuevo edificio los diseñase un familiar de una de las cabezas visibles de la Comunidad no implicaba necesariamente que hubiese comisiones y sobornos de por medio. Podría tratarse de un simple negocio, legítimo y sin visos de corrupción en él. Que como consecuencia del lucro se trasladase la vida cultural de la ciudad a la periferia, o que se viesen afectados a las pequeñas tiendas cuya clientela se veía atraída por el Albeniz, sólo podría interpretarse como daños colaterales en los que nuestros representantes políticos no tuvieran responsabilidad alguna. Menos nuestros periodistas que suponemos estaban más pendientes de cubrir un eructo de la infanta Leonor que de recalcar el fin de un centro histórico.
En tales circunstancias, no cabe más remedio que sobreseer el caso. No se han presentado documentación, pruebas inculpatorias novedosas y definitivas, ni se han pedido nuevas cosas: no hay argumentos de cuño reciente. Ninguno. Sólo habían siete gatos que violaban el derecho al honor (Artículo 18 del Título I de nuestra Constitución) de unos políticos y empresarios, a los que también denegaban el derecho de asociación (Artículo 22), amparándose en el supuesto de que estos habían ejercido con malos fines el derecho de reunión (Artículo 21) para repartir dividendos y dilapidar el derecho de libertad de expresión (Artículo 20) para aminorar la difusión de sus actividades mediante diversos frentes mediáticos. Sólo son supuestos de culpabilidad que van en contra de la presunción de inocencia. En vez de un recurso contencioso administrativo, podríamos exigir un habeas corpus para los demandados y una detención preventiva de los demandantes.
Con esos precedentes de una conducta innoble, basada en la mala fe, sólo cabe esperar una sentencia en firme ante este recurso contencioso administrativo: siglos de ignorancia, difusión de la incultura; proclamación de los grandes centros comerciales como base de la nueva política municipal en relación al turismo, milenios de mercantilismo y masificación de un mismo tipo de productos, homogenización en los consumos, y demolición de las reliquias obsoletas del pasado como el Albeniz. Condenados a lustros de antidemocratización de la cultura por culpa de la proliferación de núcleos de grupos de poder asociados entre sí; la población madrileña ya podía descansar de las enésimas danzas de Alicia Alonso y disponer de otro Corte Inglés a su alcance…
Deberíamos quemar el papel del recurso administrativo y depositar las cenizas en los zapatos donde se recogen los regalos de los Reyes de Oriente, que este año en vez de incienso traen globalización del lejano Occidente (Estados Unidos). Afortunadamente no son los únicos regalos. Donantes anónimos han subvencionado a la Plataforma para seguir luchando. Casi siete mil firmas de apoyo los amparan… Hay motivos para seguir. Aunque sea para estar allí el día de la destrucción del Teatro, porque tal vez entonces una vez quemada la aldea la podremos salvar. Y denunciar a las claras. Ese será nuestro aguinaldo. La Comunidad y el Ministerio de Cultura en cambio nos regalarán su pasividad y desidia. Y nosotros le seguiremos interponiendo recursos contenciosos administrativos. Como el de este Jueves 20 de diciembre.
Por Alejandro Cabranes Rubio
Jueves 20 de diciembre de 2007. Se aproximan ciertas fechas y la Plataforma del Albeniz no podía dejar de corresponder con el espíritu navideño. Eva Aladro y Beltrán Gambier –acompañados para la ocasión de la procuradora Mercedes Albi- nos han dado la paga extraordinaria. La cesta navideña en vez de incluir los tradicionales jamones de pata negra, y que reciben anualmente quintacolumnistas recompensados con prebendas a cambio de expresar opiniones concretas en determinados escritos, nos ha deparado una sorpresa: ni más ni menos que un recurso contencioso administrativo para impedir la demolición del teatro. En la ventanilla del Tribunal Superior de Justicia han depositado un suculento aguinaldo: un enésimo texto jurídico que será rechazado y que, no nos engañemos, servirá para ganar tiempo y decelerar lo inevitable.
En efecto, las acusaciones contra una personalidad pública –cuya escalada política se inició tiempo atrás y que agoraba el fin del teatro antes de que el Grupo Monteverde comprara el Albeniz-, la presidenta de la comunidad de Madrid, y los jueces que o bien retiraron la ley que protegía al local o desestimaron dos veces su condición de bien cultural –algo reservado a nuestra amiga “la vecinita”- carecían de toda fuerza probatoria. Había indicios, pruebas circunstanciales que en modo alguno demostraban la culpabilidad de los acusados. Que se sustituyese un viejo teatro por un centro comercial en pleno casco urbano madrileño no sorprendía: era una manifestación más de los tiempos. Que la ley se retirase poco tiempo antes de la operación de compra venta no indica nada. Que los planos del nuevo edificio los diseñase un familiar de una de las cabezas visibles de la Comunidad no implicaba necesariamente que hubiese comisiones y sobornos de por medio. Podría tratarse de un simple negocio, legítimo y sin visos de corrupción en él. Que como consecuencia del lucro se trasladase la vida cultural de la ciudad a la periferia, o que se viesen afectados a las pequeñas tiendas cuya clientela se veía atraída por el Albeniz, sólo podría interpretarse como daños colaterales en los que nuestros representantes políticos no tuvieran responsabilidad alguna. Menos nuestros periodistas que suponemos estaban más pendientes de cubrir un eructo de la infanta Leonor que de recalcar el fin de un centro histórico.
En tales circunstancias, no cabe más remedio que sobreseer el caso. No se han presentado documentación, pruebas inculpatorias novedosas y definitivas, ni se han pedido nuevas cosas: no hay argumentos de cuño reciente. Ninguno. Sólo habían siete gatos que violaban el derecho al honor (Artículo 18 del Título I de nuestra Constitución) de unos políticos y empresarios, a los que también denegaban el derecho de asociación (Artículo 22), amparándose en el supuesto de que estos habían ejercido con malos fines el derecho de reunión (Artículo 21) para repartir dividendos y dilapidar el derecho de libertad de expresión (Artículo 20) para aminorar la difusión de sus actividades mediante diversos frentes mediáticos. Sólo son supuestos de culpabilidad que van en contra de la presunción de inocencia. En vez de un recurso contencioso administrativo, podríamos exigir un habeas corpus para los demandados y una detención preventiva de los demandantes.
Con esos precedentes de una conducta innoble, basada en la mala fe, sólo cabe esperar una sentencia en firme ante este recurso contencioso administrativo: siglos de ignorancia, difusión de la incultura; proclamación de los grandes centros comerciales como base de la nueva política municipal en relación al turismo, milenios de mercantilismo y masificación de un mismo tipo de productos, homogenización en los consumos, y demolición de las reliquias obsoletas del pasado como el Albeniz. Condenados a lustros de antidemocratización de la cultura por culpa de la proliferación de núcleos de grupos de poder asociados entre sí; la población madrileña ya podía descansar de las enésimas danzas de Alicia Alonso y disponer de otro Corte Inglés a su alcance…
Deberíamos quemar el papel del recurso administrativo y depositar las cenizas en los zapatos donde se recogen los regalos de los Reyes de Oriente, que este año en vez de incienso traen globalización del lejano Occidente (Estados Unidos). Afortunadamente no son los únicos regalos. Donantes anónimos han subvencionado a la Plataforma para seguir luchando. Casi siete mil firmas de apoyo los amparan… Hay motivos para seguir. Aunque sea para estar allí el día de la destrucción del Teatro, porque tal vez entonces una vez quemada la aldea la podremos salvar. Y denunciar a las claras. Ese será nuestro aguinaldo. La Comunidad y el Ministerio de Cultura en cambio nos regalarán su pasividad y desidia. Y nosotros le seguiremos interponiendo recursos contenciosos administrativos. Como el de este Jueves 20 de diciembre.
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